El nuevo proyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos presentado por la Comisión Permanente de Energía y Minas en septiembre de 2020

Abstract

El sector petrolero venezolano se encuentra ante una disyuntiva. La destrucción del sector y la ventana de oportunidades que ofrece el mercado internacional, exigen importantes inversiones de cerca de cien (100) millardos de dólares en un lapso de ocho (8) años. Esas inversiones deberán ser proveídas, al menos principalmente, por la inversión privada (como el propio régimen de Maduro lo reconoce). Para lograr ese objetivo, hay dos alternativas institucionales: la opción de la “Ley constitucional anti-bloqueo” y la opción de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. La primera opción, del régimen de Maduro, no ofrece ninguna ventaja competitiva en términos de certeza y protección de derechos económicos, con lo cual, no se trata de una opción institucional adecuada a las exigencias del sector. Por el contrario, esta opción responde a los mismos arreglos institucionales que, desde el 2016, han promovido solo soluciones precarias e inestables. La segunda opción, ofrecida por la Asamblea Nacional, brinda el marco institucional adecuado para promover la inversión privada, considerando las condiciones actuales del mercado petrolero internacional y de la industria petrolera venezolana. El proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos presentado por la Asamblea Nacional en septiembre de 2020 introduce reformas institucionales razonables que facilitan la implementación de las nuevas políticas públicas petroleras, aunque este artículo recomienda mejorar la calidad de ciertos aspectos institucionales la reforma.

The Venezuelan oil sector is facing a dilemma. The destruction of the sector and the reduced window of opportunities offered by the international market require significant investments of about one hundred (100) billion dollars in eight (8) years. These investments must be provided, at least mainly, by private investment (as the Maduro regime itself recognizes). There are two institutional alternatives to achieve this objective: the “constitutional anti-blockade law” and the new Hydrocarbons Organic Law. The first option, offered by Maduro, does not provide any competitive advantage in terms of certainty and protection of economic rights; thus, it is not an appropriate institutional arrangement to promote private investment. On the contrary, this option follows the same institutional arrangements that, since 2016, have promoted only weak and unstable solutions. The second option, offered by the National Assembly, provides the appropriate institutional framework to promote private investment -considering the current conditions of the international oil market and the Venezuelan oil industry. The project of Hydrocarbons Organic Law presented by the National Assembly in September 2020, introduces reasonable institutional reforms that facilitate the implementation of the new oil public policies, although the paper recommends improving the quality of some institutional reforms.